Ciberseguridad

El director del FBI carga con dureza contra la industria tecnológica por promover el cifrado irrompible por defecto en nuestros dispositivos de consumo, al entender que supone una traba muy notoria a la labor policial.

El FBI nunca ha sido demasiado amigo del encriptado, de esa función que permite salvaguardar con total garantía el contenido de nuestros smartphones (o al menos con más seguridad de lo que estamos acostumbrados). En la memoria todavía tenemos los casos de los terroristas de San Bernardino, cuando las autoridades norteamericanas se las vieron venir para desbloquear el iPhone de uno de los sospechosos.

Una situación que no gusta a los organismos responsables de la seguridad de Estados Unidos. Aunque el discurso ha sido repetido mil y una veces, ahora hemos de unir otra apelación más clara todavía. Y es que, el actual director del FBI -Christopher Wray- ha tildado de “problema urgente de seguridad pública” esta clase de tecnologías.

En total, la agencia federal fue incapaz de acceder a datos de casi 7800 dispositivos a lo largo del pasado año fiscal (acabado en septiembre), pese a poseer las capacidades legales para hacerlo. Todo por el encriptado de extremo a extremo e irrompible que presentan no sólo los smartphones, sino también tablets y algunos ordenadores, según ha desvelado el ejecutivo durante una conferencia en Nueva York, recogida por Reuters.

Wray no es el único entre los federales que piensa de este modo. Ya en 2015, Michael Steinbach, por aquel adjunto a la dirección del FBI, dijo en una audiencia pública que las tecnológicas deberían concentrarse en evitar el encriptado “por encima de cualquier otra cosa”.

La respuesta por parte de la industria siempre ha sido la misma: una negativa rotunda a dar acceso libre a los contenidos de sus usuarios. Por ejemplo, Apple (afectada en el ejemplo de San Bernardino) logró que todo el sector la respaldara al defender que saltarse la privacidad de sus terminales en algunos casos podría sentar un tremendo precedente en favor de la instalación de “puertas traseras” que facilitaran el acceso al gobierno de forma indiscriminada o, incluso, a los propios ciberdelincuentes.